La crisis institucional derivada de los decretos de creación del Fondo
del Bicentenario y de remoción del presidente del Banco Central, Martín
Redrado, ha puesto al descubierto contradicciones entre la posición
gubernamental y el pensamiento que en otras ocasiones hizo público
Cristina Fernández de Kirchner.
La primera contradicción es que mientras la primera mandataria ha
hablado desde que asumió el poder sobre la necesidad de mejorar la
calidad institucional, será ésta la segunda vez desde la reapertura
democrática de 1983 en que no se convoca a sesiones extraordinarias del
Poder Legislativo. La primera ocurrió el último año, con el actual
gobierno nacional, cuando sólo hubo una leve prórroga de las sesiones
ordinarias.
En tanto la creación del Fondo del Bicentenario mereció un decreto de
necesidad y urgencia, la postergación de su discusión parlamentaria
hasta que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso en marzo, por
decisión presidencial, parece indicar que, en realidad, para Cristina
Kirchner su tratamiento parlamentario no tiene urgencia alguna.
La pretensión del gobierno kirchnerista de usar las reservas del Banco
Central para hacer frente a pagos de la deuda pública y, en rigor,
financiar el gasto público, señala otra contradicción, pues difiere de
la posición adoptada por Cristina Fernández de Kirchner cuando era
senadora nacional por Santa Cruz.
En efecto, el 20 de junio de 2002, presentó en su condición de senadora,
junto a los legisladores Jorge Yoma, Marcelo Guinle, Liliana Negre de
Alonso, Raúl Ochoa, Nicolás Fernández y Graciela Bar, un proyecto de
comunicación en el que se solicitaba al entonces titular del Poder
Ejecutivo, Eduardo Duhalde, y al Banco Central que se abstuvieran de
disponer de las reservas monetarias.
La misma iniciativa, presentada en tiempos del corralito bancario y
firmada por la actual presidenta de la Nación, sostenía que el Banco
Central era un "organismo descentralizado con total independencia de
total subordinación al Poder Ejecutivo, facultades que le fueran
otorgadas por la Constitución nacional", además de hacer referencia al
artículo 3° de la carta orgánica de la entidad monetaria, según el cual
ésta no podría estar sujeta a "órdenes, indicaciones o instrucciones del
Poder Ejecutivo". Un criterio que no parece prevalecer hoy.
La última contradicción guarda relación con la ley que reglamenta el
tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Cuando era diputada nacional, en el año 2000, Cristina Kirchner impulsó
un proyecto que propiciaba textualmente que "conforme la prohibición
prevista en el artículo 82 de la Constitución nacional, todo DNU deberá,
para su validez, ser ratificado por ambas Cámaras" del Congreso. La ley
actual, curiosamente impulsada por la propia Cristina Kirchner en 2006,
siendo senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y estando su
marido al frente del Poder Ejecutivo, establece que sólo el rechazo por
parte de las dos cámaras legislativas implicará la derogación de un DNU.
En la actualidad, el Poder Ejecutivo se ve claramente favorecido por la
reglamentación de la ley. Bastaría con que apenas una de las dos cámaras
apruebe los DNU o incluso no los trate nunca para que éstos sigan
vigentes. Pese a eso, llamativamente, la Presidenta se resiste a
convocar a sesiones extraordinarias y a que los DNU sean tratados antes
de marzo, dando a entender así que teme no contar hoy con los apoyos
legislativos suficientes.