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La crisis institucional derivada de los decretos de creación del
Fondo del Bicentenario y de remoción del presidente del Banco Central, Martín
Redrado, ha puesto al descubierto contradicciones entre la posición
gubernamental y el pensamiento que en otras ocasiones hizo público Cristina
Fernández de Kirchner.
La primera contradicción es que mientras la primera mandataria
ha hablado desde que asumió el poder sobre la necesidad de mejorar la calidad
institucional, será ésta la segunda vez desde la reapertura democrática de 1983
en que no se convoca a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo. La
primera ocurrió el último año, con el actual gobierno nacional, cuando sólo
hubo una leve prórroga de las sesiones ordinarias.
En tanto la creación del Fondo del Bicentenario mereció un
decreto de necesidad y urgencia, la postergación de su discusión parlamentaria
hasta que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso en marzo, por
decisión presidencial, parece indicar que, en realidad, para Cristina Kirchner
su tratamiento parlamentario no tiene urgencia alguna.
La pretensión del gobierno kirchnerista de usar las reservas del
Banco Central para hacer frente a pagos de la deuda pública y, en rigor,
financiar el gasto público, señala otra contradicción, pues difiere de la
posición adoptada por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora
nacional por Santa Cruz.
En efecto, el 20 de junio de 2002, presentó en su condición de
senadora, junto a los legisladores Jorge Yoma, Marcelo Guinle, Liliana Negre de
Alonso, Raúl Ochoa, Nicolás Fernández y Graciela Bar, un proyecto de
comunicación en el que se solicitaba al entonces titular del Poder Ejecutivo,
Eduardo Duhalde, y al Banco Central que se abstuvieran de disponer de las
reservas monetarias.
La misma iniciativa, presentada en tiempos del corralito
bancario y firmada por la actual presidenta de la Nación, sostenía que el Banco
Central era un "organismo descentralizado con total independencia de total
subordinación al Poder Ejecutivo, facultades que le fueran otorgadas por la
Constitución nacional", además de hacer referencia al artículo 3° de la
carta orgánica de la entidad monetaria, según el cual ésta no podría estar
sujeta a "órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo".
Un criterio que no parece prevalecer hoy.
La última contradicción guarda relación con la ley que
reglamenta el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia
(DNU). Cuando era diputada nacional, en el año 2000, Cristina Kirchner impulsó
un proyecto que propiciaba textualmente que "conforme la prohibición
prevista en el artículo 82 de la Constitución nacional, todo DNU deberá, para
su validez, ser ratificado por ambas Cámaras" del Congreso. La ley actual,
curiosamente impulsada por la propia Cristina Kirchner en 2006, siendo senadora
nacional por la provincia de Buenos Aires y estando su marido al frente del
Poder Ejecutivo, establece que sólo el rechazo por parte de las dos cámaras
legislativas implicará la derogación de un DNU.
En la actualidad, el Poder Ejecutivo se ve claramente favorecido
por la reglamentación de la ley. Bastaría con que apenas una de las dos cámaras
apruebe los DNU o incluso no los trate nunca para que éstos sigan vigentes.
Pese a eso, llamativamente, la Presidenta se resiste a convocar a sesiones
extraordinarias y a que los DNU sean tratados antes de marzo, dando a entender
así que teme no contar hoy con los apoyos legislativos suficientes.
FUENTE LANACION.COM